Amin Rezaeinejad – Experto en asuntos del Subcontinente
El tribunal de arbitraje adscrito al mecanismo de este tratado confirmó en el verano de 2025 su competencia para examinar las quejas de Pakistán sobre los proyectos hidroeléctricos de la India en los ríos occidentales y falló en casos clave a favor de una interpretación jurídica que protege los intereses de Pakistán. Esta decisión aclaró, de facto, múltiples criterios técnicos para los proyectos y mecanismos (centrales de almacenamiento sin presa o de bajo volumen).
Sin embargo, la respuesta de la India puso de manifiesto una profunda brecha entre el derecho internacional contractual y los cálculos político-security de los Estados; tras el sangriento ataque en Pahlgam, en Cachemira, Nueva Delhi declaró que colocaba el tratado «en suspenso» y que no aceptaba la competencia de algunas instancias arbitrales; una medida que tuvo tanto consecuencias prácticas (interrupción del intercambio de información hidrológica y de las notificaciones previas a la liberación de agua) como el debilitamiento de la confianza mutua. Esta suspensión y el desacuerdo sobre la legitimidad del órgano judicial demuestran que, incluso cuando las instituciones arbitrales emiten fallos, su implementación y sus consecuencias políticas dependen de la voluntad de las partes.
¿Puede este fallo impedir la escalada de disputas hídricas en otras regiones? La respuesta a esta pregunta es negativa y positiva, pero condicional. Por un lado, los laudos arbitrales y las interpretaciones jurídicas transparentes tienen un importante valor estratégico; proporcionan criterios técnicos y jurídicos de referencia que pueden servir como referente en disputas futuras (por ejemplo, en cuencas transfronterizas de África, Asia Central o las grandes cuencas fluviales de América Latina). Tales fallos muestran a los gobiernos y diseñadores de proyectos que el diseño de proyectos hídricos e hidroeléctricos debe realizarse conforme a criterios basados en tratados y con transparencia técnica para reducir enfrentamientos legales y políticos. En otras palabras, una jurisprudencia bien fundamentada incrementa el costo de la acción unilateral y dota de mayor credibilidad a los instrumentos jurídicos de resolución de disputas.
Por otro lado, la eficacia de este instrumento jurídico depende de varias condiciones basadas en políticas y estrategias. Primero, la aceptación y el acatamiento de las partes a la autoridad jurídica; segundo, capacidades técnicas e informativas compartidas para el intercambio de datos hidrológicos y alertas tempranas; y tercero, un espacio político mínimo de confianza mutua. La experiencia reciente demuestra que cuando una crisis de seguridad o política ensombrece las relaciones, incluso los laudos válidos pueden quedar sin efecto o implementarse con retraso. Por lo tanto, los laudos arbitrales por sí solos no son el «catalizador que pone fin al riesgo de una guerra por el agua», sino uno de los elementos necesarios pero insuficientes dentro de un conjunto integral de medidas preventivas.
Pero, ¿qué lecciones se pueden extraer para prevenir conflictos regionales por el agua?
En primer lugar, deben fortalecerse los mecanismos de supervisión técnica y transparencia de datos. Los tribunales y árbitros pueden establecer criterios, pero la gestión diaria de los flujos y las alertas de inundaciones y liberaciones requiere un intercambio automático de datos basado en estándares técnicos. Los mecanismos imparciales de medición y reporte (por ejemplo, con el apoyo de organizaciones internacionales o instituciones regionales) ayudan a reducir malentendidos.
En segundo lugar, garantizar la aplicabilidad de los fallos es de suma importancia. Deben existir mecanismos administrativos y diplomáticos que faciliten la implementación de los laudos arbitrales, incluidos mecanismos de mediación previos a acciones unilaterales y paquetes de provisiones para compensar daños temporales.
La separación de los temas técnicos de los de seguridad es el tercer punto. Una de las debilidades de los tratados es que, en condiciones de tensión política, los temas técnicos se convierten en instrumentos de presión. Establecer «reglas de juego» que despoliticen el uso del agua durante crisis humanitarias o desastres naturales puede mitigar la crisis humanitaria.
El cuarto tema son los mecanismos regionales y la participación de la sociedad civil. Cuando están involucradas las personas, los agricultores y los gestores locales, los tratados son más sostenibles. Las instituciones regionales independientes y los fondos de cooperación para proyectos de adaptación climática pueden fortalecer los intereses comunes.
Prever el cambio climático en los contratos es la quinta condición. Con el aumento de la frecuencia de inundaciones y sequías, los tratados hídricos deben incluir cláusulas para la gestión de riesgos climáticos que prevengan una competencia prematura por los recursos.
Finalmente, debe decirse que el reciente laudo arbitral demostró que las normas jurídicas pueden proporcionar un marco técnico y legal para resolver disputas hídricas y otorgar palanca y protección legal a los países ribereños aguas abajo que dependen del agua de la cuenca. Pero la efectividad de estas normas depende de la aceptación política, la transparencia en el intercambio de datos y mecanismos ejecutivos efectivos. Sin construir instituciones y procedimientos que exijan el cumplimiento, incluso los mejores laudos arbitrales correrán el riesgo de convertirse en papel mojado; y, por el contrario, combinar un sólido marco jurídico con una diplomacia práctica y medidas técnicas puede contribuir significativamente a prevenir conflictos regionales por el agua.

«La traducción al español del texto en inglés ha sido realizada mediante inteligencia artificial. Agradeceremos que, en caso de detectar errores o imprecisiones, lo comunique al sitio web.»