La inteligencia artificial, la computación en la nube, las herramientas analíticas y las plataformas interactivas están transformando fundamentalmente la forma en que las personas viven, trabajan e interactúan; Una transformación hacia algo llamado la cuarta revolución industrial, que entre algunas personas es conocida como digitalización. Según estimaciones del Foro Económico Mundial, el valor de la digitalización en cinco industrias globales clave durante la próxima década ascenderá a 10 billones de dólares, lo que depende directamente de la evolución de la infraestructura, las aplicaciones y la productividad de la industria de las telecomunicaciones. En cada período histórico, la tecnología ha ayudado a la humanidad a superar las limitaciones del mundo natural, de la vida humana e incluso de su propio cuerpo. Pero la posibilidad de un uso inadecuado de la tecnología por parte de algunos grupos criminales, y el objetivo de prevenir posibles abusos, hacen que su regulación sea inevitable.

La Ley de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo se ha aprobado con el objetivo de prevenir violaciones de los derechos fundamentales, de la seguridad y de los principios éticos. La Oficina de Inteligencia Artificial de la UE supervisará la implementación de esta ley, y las consecuencias de violarla incluyen multas, dependiendo del monto y la gravedad de la infracción, de hasta 35 millones de euros.

Proteger los derechos de los ciudadanos (en lugar de restringir su acceso) es una de las características más importantes de esta ley del Parlamento Europeo. En la Ley de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo, está prohibido el uso de los softwares que amenacen los derechos de los ciudadanos, incluidos sistemas de clasificación biométrica basados en características sensibles o tecnologías de recorte de imágenes faciales o imágenes de CCTV, cuyo objetivo es crear base de datos de reconocimiento facial. Además, están prohibidas la tecnología de reconocimiento de emociones en el lugar de trabajo y las escuelas, la evaluación social, la vigilancia policial predictiva (basada únicamente en la evaluación de características individuales) y la manipulación del comportamiento humano y aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas.

El alcance de la Ley de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo incluye proveedores y desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial que se comercializan o se utilizan en la UE; Independientemente de que estos proveedores y desarrolladores residan en la UE o no, estarán sujetos a esta ley. Por tanto, al igual que el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, las empresas estadounidenses que suministran tecnología de inteligencia artificial en Europa también están sujetas a posibles sanciones de esta ley en caso de infracción. En esta ley se ha especificado que la legislación vigente de la UE sobre protección de datos personales, privacidad y confidencialidad en relación con la recopilación y el uso de datos, se aplicará también a la tecnología de inteligencia artificial.

Para la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial, la Ley de Inteligencia Artificial tiene un enfoque orientado al riesgo; Estos niveles corresponden a la sensibilidad de los datos involucrados y la aplicación de la inteligencia artificial:

1- Usar técnicas engañosas y manipuladoras para afectar a una persona e influir en su toma de decisiones, de manera que de otro modo, no tome una decisión que resulte en un daño grave para sí misma o para otra persona.

2- Aprovecharse de las vulnerabilidades de una persona debido a su vejez, discapacidad o condición social/económica especial para influir en su comportamiento y causar un daño grave a esa persona o a otra.

3- Uso de datos biométricos para categorizar personas según su raza, opinión política, afiliación sindical, creencias religiosas o filosóficas, vida sexual u orientación sexual.

4- Crear o ampliar base de datos de reconocimiento facial recortando imágenes faciales de Internet o imágenes de CCTV.

Por supuesto, los límites exactos de la tecnología de la inteligencia artificial aún no se han definido con precisión, y en esta ley se hace hincapié en la ausencia de riesgo en relación con la salud, la seguridad o los derechos fundamentales de las personas físicas. La Comisión Europea y la Oficina de Inteligencia Artificial tienen 18 meses para desarrollar directrices prácticas para que las implementen los implementadores.