Dr. Ali Karbalaei Hosseini, investigador de derecho internacional

Esta acción tuvo lugar después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reuniera con Trump en la Casa Blanca. Cabe señalar que la CPI ha emitido ya una orden de arresto contra Netanyahu por haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza desde octubre de 2023. Las sanciones estadounidenses incluyen restricciones financieras y de visas para individuos que participen en las investigaciones de la Corte contra ciudadanos estadounidenses o sus aliados. La acción de Trump no solo supone una amenaza para el funcionamiento de la Corte, sino que también refleja el enfoque de Estados Unidos frente a las instituciones internacionales y al derecho internacional.

Razones de la no pertenencia de EEUU y del régimen sionista a la Corte

Estados Unidos y el régimen israelí no se han adherido al Estatuto de Roma, el tratado fundador de la Corte, y siempre se han opuesto a la investigación de la Corte sobre la situación en Palestina. El Estatuto de Roma fue aprobado en 2002 y estableció la Corte como la primera institución internacional permanente encargada de examinar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Sin embargo, Estados Unidos y el régimen israelí se han negado a adherirse al tratado por diversas razones.

Una de sus principales razones es la preocupación de que sus ciudadanos y militares sean procesados por la Corte. Estados Unidos, citando el principio de “complementariedad” del artículo 17 del Estatuto de Roma, afirma que su propio sistema judicial es capaz de examinar los crímenes cometidos por sus ciudadanos. Además, para Estados Unidos y el régimen sionista, el no reconocimiento de Palestina como Estado independiente es una excusa para no aceptar la jurisdicción de la Corte sobre los crímenes cometidos en los territorios palestinos.

Acciones de Estados Unidos contra instituciones internacionales

Las recientes sanciones de Trump contra la Corte son solo otro ejemplo del enfoque hostil de este país hacia las instituciones internacionales. Estados Unidos ya había aprobado en 2002 la Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense (ASPA), que limitaba la cooperación con la CPI e incluso autorizaba el uso de la fuerza militar para liberar a ciudadanos estadounidenses detenidos o encarcelados por la CPI. Esta ley, también conocida como “Ley de Invasión de La Haya”, refleja el enfoque extremadamente hostil de Estados Unidos hacia las instituciones internacionales.

Las acciones de Trump no solo representan una amenaza para la Corte, sino que podrían tener efectos más amplios en otras investigaciones de esta institución sobre crímenes internacionales. La CPI está investigando actualmente crímenes cometidos en 16 regiones diferentes, entre ellas Darfur, Ucrania, Venezuela, Afganistán y Myanmar. Las sanciones estadounidenses podrían afectar la cooperación de los países con la Corte y perturbar el proceso de enjuiciamiento de crímenes internacionales.

Las consecuencias de las sanciones para el derecho internacional

Además de ser consideradas una acción contra la CPI, las sanciones de Trump son también un ataque al derecho internacional. Como una institución independiente e imparcial, la Corte desempeña un papel importante en el logro de la justicia internacional y hacer que los autores de crímenes internacionales graves rindan cuentas. Las sanciones estadounidenses podrían debilitar esta institución y reducir la confianza de la comunidad internacional en ella.

Además, estas medidas podrían servir de modelo para que otros países utilicen herramientas similares a la hora de enfrentarse a las instituciones internacionales cuando tengan que afrontar investigaciones internacionales. Esto podrá conducir a un debilitamiento del sistema jurídico internacional y a una reducción de la capacidad de la comunidad internacional para responder a los crímenes internacionales.

Soluciones para hacer frente a las sanciones

Para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses, los Estados miembros de la CPI pueden utilizar diversas herramientas. Una de estas herramientas es el uso del Estatuto de Bloqueo de la UE. Esta ley, que pretende proteger a las empresas y a los individuos de la UE frente a las sanciones transfronterizas por parte de terceros países, podría actuar como escudo para proteger a la Corte frente a las sanciones estadounidenses. Esta ley garantiza que los proveedores de servicios en la UE pueden cooperar con la Corte sin temor a sanciones estadounidenses.

Además, la UE puede crear un sistema financiero independiente que permita al personal de la Corte operar sin depender del sistema del dólar estadounidense. Esta medida podría neutralizar el impacto de las sanciones estadounidenses y permitir que la Corte continúe su trabajo.

Por otra parte, en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma, la Corte puede procesar a Trump y a otros funcionarios estadounidenses responsables de las sanciones por obstrucción de la justicia. Aunque esta acción no conducirá al arresto de Trump, podrá crear restricciones de viaje para él y otros funcionarios estadounidenses. Por ejemplo, después de que la CPI emitiera una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en 2022, él se negó a viajar a muchos países.

Conclusión

Las sanciones de Trump contra la Corte no solo representan una amenaza para esta institución internacional, sino que también reflejan el enfoque de Estados Unidos frente al derecho internacional y a las instituciones multilaterales. Estas acciones podrán debilitar el sistema de justicia internacional y hacer que los autores de crímenes internacionales no rindan cuentas. Sin embargo, los Estados miembros de la Corte y la comunidad internacional pueden utilizar herramientas jurídicas y financieras para proteger la institución y responder a las sanciones estadounidenses. Mantener la independencia de la Corte no solo es esencial para la realización de la justicia internacional, sino que también demuestra el compromiso de la comunidad internacional con los derechos humanos.