Abbas Hamidi – Experto en Derecho Internacional

Evolución histórica de la prohibición: De la ética de la guerra a una regla vinculante

El derecho internacional humanitario, en respuesta a las experiencias devastadoras de la guerra moderna—particularmente desde el siglo XX—ha experimentado un proceso gradual de establecimiento de normas, imponiendo limitaciones a la conducta de los Estados durante conflictos armados. Una de las más significativas de estas limitaciones es la prohibición de ataques contra infraestructuras civiles, arraigada en el principio de distinción. Este principio ha sido consagrado en los Convenios de Ginebra y, más notablemente, en el Artículo 48 del Protocolo Adicional I, obligando a las partes en un conflicto a distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil.

Complementando esta regla, el Artículo 52 del mismo Protocolo estipula explícitamente que los bienes de carácter civil, incluidas las infraestructuras públicas, no deben ser objeto de ataque a menos que contribuyan efectivamente a la acción militar. Además, el Artículo 51, al prohibir los ataques indiscriminados, considera ilícito cualquier ataque que no se realice con distinción entre objetivos militares y objetivos civiles.

Estas reglas surgieron en respuesta a experiencias como los bombardeos generalizados de ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, que demostraron que la destrucción de infraestructuras efectivamente resulta en un castigo colectivo a la población civil. En consecuencia, la comunidad internacional se ha orientado hacia la transformación de estas limitaciones en reglas consuetudinarias vinculantes.

El fundamento jurídico y humanitario de la prohibición de ataques contra infraestructuras

La prohibición de ataques contra infraestructuras no se basa en una regla única, sino más bien en un conjunto de principios complementarios. El principio de proporcionalidad, enfatizado en el Artículo 51 del Protocolo Adicional I, prohíbe los ataques de los que pueda esperarse que causen pérdidas incidentales de vidas civiles, lesiones a civiles, o daños a bienes de carácter civil que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.

Junto a esto, el Artículo 54 del Protocolo prohíbe explícitamente los ataques contra bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como instalaciones hídricas, alimentos y recursos agrícolas. Esta regla tiene especial relevancia, ya que las infraestructuras suelen estar indirecta pero vitalmente vinculadas a la supervivencia de la sociedad civil.

Además, el Artículo 56 protege específicamente instalaciones peligrosas como presas y centrales nucleares, restringiendo los ataques contra ellas debido a sus consecuencias humanitarias potencialmente catastróficas. En el ámbito de la protección de servicios médicos, las disposiciones de los Convenios de Ginebra y las reglas consuetudinarias relacionadas también prohíben ataques contra hospitales y establecimientos médicos. Colectivamente, estas reglas demuestran que el derecho internacional humanitario ha buscado establecer una red normativa coherente para salvaguardar las infraestructuras de las que depende la vida civil.

Aplicación de las reglas y el desafío de la sanción: De Núremberg a la Corte Penal Internacional

A pesar de la claridad de estas reglas, su aplicación ha enfrentado consistentemente desafíos. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Tribunales de Núremberg, por primera vez, reconocieron la responsabilidad penal individual por violaciones de las leyes de la guerra y examinaron los ataques contra objetivos civiles como crímenes de guerra.

En décadas subsiguientes, los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia, en casos como el asedio de Sarajevo, persiguieron los ataques contra infraestructuras civiles como violaciones graves del derecho humanitario. Esta trayectoria continuó con el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI) y la adopción del Estatuto de Roma, que, en su Artículo 8, clasifica los ataques intencionales contra bienes de carácter civil como crímenes de guerra.

No obstante, la experiencia práctica ha demostrado que estos mecanismos enfrentan limitaciones serias. La dependencia de la cooperación estatal, las consideraciones geopolíticas y los dobles estándares en la administración de justicia han llevado a que muchas violaciones queden sin abordar.

De la ineficacia de los mecanismos de aplicación a la necesidad de la autoayuda y la disuasión

La brecha entre norma e implementación representa uno de los desafíos más fundamentales del derecho internacional contemporáneo. Cuando los mecanismos formales fracasan en castigar a los agresores, los Estados se ven compelidos a recurrir a la autoayuda. Este concepto, reconocido dentro del marco del derecho de la responsabilidad del Estado, permite la adopción de contramedidas para obligar a la parte violadora a cumplir con sus obligaciones.

En la realidad de la política internacional, muchos Estados han concluido que la mera confianza en reglas jurídicas, sin el respaldo del poder, no puede prevenir ataques contra infraestructuras. En consecuencia, la disuasión ha emergido como un complemento esencial al derecho internacional. Una disuasión efectiva requiere que la amenaza de respuesta sea creíble, ejecutable y costosa. Solo bajo tales condiciones un agresor se abstendrá de violar las reglas. Aunque esta lógica pueda parecer distante de los ideales jurídicos en superficie, en práctica constituye una de las pocas herramientas efectivas para proteger infraestructuras críticas.

Conclusión

La prohibición de ataques contra infraestructuras es el producto de un proceso histórico y normativo complejo que ha evolucionado en respuesta a las experiencias catastróficas de la guerra moderna. Esta prohibición, encarnada en un conjunto de reglas explícitas y consuetudinarias, busca proteger a la población civil y sus condiciones de vida en tiempos de guerra.

Sin embargo, la experiencia demuestra que sin mecanismos de aplicación efectivos, estas reglas permanecen vulnerables a las realidades del poder. Bajo tales circunstancias, la combinación del derecho internacional con la disuasión emerge como una necesidad estratégica. Solo a través de esta combinación puede prevenirse la transformación de infraestructuras en objetivos militares legítimos, y preservarse un estándar mínimo de humanidad en medio de conflictos armados.

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