Venezuela después del secuestro de Maduro; ¿Está el orden internacional al borde del colapso?

SCFR Online – Entrevista: Han transcurrido tres meses desde la operación de las fuerzas especiales estadounidenses en Caracas – una operación en la que Nicolás Maduro, el Presidente de Venezuela, fue secuestrado y trasladado a Nueva York. Para examinar las dimensiones jurídicas, políticas y económicas de este evento sin precedentes y sus consecuencias, hemos entrevistado a Soroosh Salami, experto en asuntos latinoamericanos.

Pregunta: Desde la perspectiva del derecho internacional, ¿cómo puede caracterizarse la acción estadounidense de secuestrar a Maduro?

Respuesta: Desde tres ángulos independientes, esta acción fue completamente ilegal. Primero, desplegar fuerzas militares en el territorio de un estado soberano sin autorización del Consejo de Seguridad o sin el consentimiento del gobierno anfitrión constituye un caso claro de «agresión» según el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU. El argumento estadounidense de que se trataba de una «aplicación de la ley interna» es jurídicamente insostenible. La Corte Internacional de Justicia, en el caso Nicaragua c. Estados Unidos (1986), enfatizó claramente que no existe excepción para la aplicación unilateral de leyes nacionales en el territorio de otro estado.

Segundo, en el momento de su secuestro, Maduro era el presidente en ejercicio. Según el derecho internacional consuetudinario y la sentencia de la Corte de La Haya en el caso de la Orden de Detención (RDC c. Bélgica, 2002), los jefes de estado gozan de inmunidad absoluta. Esta inmunidad persiste incluso para acusaciones de crímenes internacionales mientras el individuo permanezca en el cargo.

Tercero, el ejercicio de la jurisdicción ejecutiva –es decir, el arresto– en el territorio de otro estado está completamente prohibido. El secuestro de Eichmann por el Mossad en Argentina (1960), que fue recibido con condena global, demuestra que incluso para aquellos acusados de crímenes contra la humanidad, la acción unilateral es inadmisible. Estados Unidos está efectivamente desmantelando el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Pregunta: Los estadounidenses afirman que Maduro está acusado de tráfico de drogas hacia EE. UU. ¿También es inaceptable esa justificación?

Respuesta: Esta justificación es jurídicamente absurda. No importa cuán graves sean los cargos por tráfico de drogas, no autorizan una violación de la soberanía de un estado y el secuestro de su presidente. Si aceptamos esta lógica, entonces cualquier país poderoso podría atacar el territorio de otros estados formulando acusaciones contra sus líderes. Esto sería un retorno al «derecho del soberano más fuerte» – un principio que la comunidad internacional abandonó después de dos guerras mundiales. En palabras de algunos expertos, estamos presenciando una «peligrosa desviación de un orden basado en reglas hacia un sistema basado en la fuerza».

Pregunta: Muchos creen que el motivo estadounidense va más allá de cuestiones jurídicas y su supuesta «guerra contra las drogas». ¿Cuál es su punto de vista?

Respuesta: Exactamente. Seamos honestos. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. También contiene el Arco Minero del Orinoco, lleno de oro, diamantes, bauxita, níquel y, lo más importante, coltán – la materia prima para baterías de teléfonos móviles, portátiles y vehículos eléctricos, de la cual depende la economía del siglo XXI.

Pregunta: En otras palabras, ¿está diciendo que Estados Unidos tiene la intención directa de saquear estos recursos?

Respuesta: No solo tiene la intención, sino que prácticamente está implementando una operación de saqueo. Permítame aclararle las tres capas de este juego:

Capa uno, bloqueo y extorsión: Desde 2018, el Banco de Inglaterra ha bloqueado aproximadamente $3 mil millones en oro de Venezuela. ¿Cuál fue el pretexto? El no reconocimiento del gobierno de Maduro. Después del secuestro de Maduro, el Secretario del Interior (Seguridad Nacional) de EE. UU. viajó directamente a Caracas y, prometiendo alivio de sanciones a cambio del acceso de empresas estadounidenses a minas de oro, efectivamente se dedicó a la «extorsión económica».

Capa dos, cambio de leyes: Solo tres meses después del golpe, el parlamento venezolano, bajo presión de Washington, aprobó una nueva ley minera que abre el sector minero a la inversión privada. Doug Burgum, el Secretario del Interior (Seguridad Nacional) de EE. UU., al regresar de Caracas, declaró orgullosamente: «Estamos entusiasmados por traer el oro de regreso a América».

Capa tres, replicar el modelo de Colombia: Y aquí llegamos al punto doloroso del asunto.

Pregunta: ¿Se refiere al Plan Colombia?

Respuesta: Sí. Desde 2000, Estados Unidos ha invertido más de $10 mil millones en el marco del «Plan Colombia», ostensiblemente para combatir las drogas y reconstruir instituciones. ¿Cuál fue el resultado? Grupos armados como el ELN y las FARC dominan las regiones mineras, y miles de líderes sociales y activistas ambientales que se oponían a la extracción por empresas extranjeras han sido asesinados. Ahora, el mismo modelo exacto se está implementando en Venezuela: primero desestabilización, luego intervención militar, luego cambios legales, y finalmente saqueo de recursos con la cooperación de elementos locales influyentes.

Pregunta: El artículo del Wall Street Journal que también mencionó habla de un «Plan Venezuela» con un presupuesto de $15-20 mil millones durante una década. En su opinión, ¿se utilizará realmente este dinero para la reconstrucción de Venezuela?

Respuesta: Debemos aprender de la experiencia de Colombia. Estados Unidos afirma que utilizará los propios recursos de Venezuela – por ejemplo, $5 mil millones de los fondos del país en el FMI y $4.8 mil millones en oro bloqueado en Inglaterra. ¡Pero este dinero pertenece al propio pueblo venezolano! Esto es como si alguien cerrara su casa con llave y luego dijera: «Si coopera conmigo, le devolveré parte de su propia casa». Esto es extorsión a escala nacional.

Pregunta: Si la comunidad internacional permanece pasiva, ¿cuál es la perspectiva para Venezuela?

Respuesta: Muy oscura. Permítame esbozar tres plazos:

A corto plazo (próximos 6 meses a 2 años): Venezuela se convertirá en un campo de batalla para grupos armados. El ELN y los remanentes de las FARC, que ya controlan áreas mineras, llenarán el vacío de poder. La competencia entre estos grupos y fuerzas afiliadas a Estados Unidos por minas de oro y coltán conducirá a derramamiento de sangre generalizado.

A mediano plazo (2 a 5 años): Los fundamentos del derecho internacional colapsarán. El éxito estadounidense en violar la soberanía de Venezuela sin una respuesta efectiva establecerá un precedente que otras grandes potencias también explotarán. ¿Por qué no podría China atacar Taiwán bajo el pretexto de combatir el terrorismo? ¿Por qué no podría Rusia atacar estados bálticos bajo el pretexto de violaciones de derechos humanos? Se abrirán las puertas del infierno.

A largo plazo (5 a 10 años): Venezuela se convertirá en una «segunda Colombia» – un país que experimenta décadas de guerra civil, tráfico de drogas y saqueo de recursos. La diferencia es que Venezuela, debido a sus reservas de coltán, es una presa más grande y estratégica. Varias generaciones en Venezuela vivirán en pobreza y violencia, mientras los recursos de su país son transferidos a empresas extranjeras.

Pregunta: ¿Qué reacción se espera de la comunidad internacional?

Respuesta: Primero, el Consejo de Seguridad de la ONU debe condenar esta acción como «agresión» y adoptar una resolución para el retorno de Maduro y la liberación de los activos bloqueados de Venezuela. Segundo, la Corte Penal Internacional debe abrir un caso para investigar el «crimen de agresión» por parte de funcionarios estadounidenses. Tercero, los países latinoamericanos deben formar un frente unido para defender el principio de soberanía.

Pregunta: Pero, ¿son prácticas tales acciones, dado el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad?

Respuesta: La realidad es amarga. Pero el silencio es aún más catastrófico. Si la comunidad internacional, incluso a través de otros órganos como la Asamblea General de la ONU o la Organización de los Estados Americanos, no reacciona de manera decisiva, el mensaje será: «La fuerza ha reemplazado al derecho». Venezuela no será la primera ni la última víctima.

Los venezolanos tienen el derecho de determinar su propio destino y el destino de los recursos de su país, no Washington. Secuestrar a un presidente, robar el oro y el coltán de un país, e imponer guerra e inestabilidad bajo el pretexto de una «guerra contra las drogas» – todo esto son crímenes. La historia juzgará, pero el pueblo venezolano pagará el precio.


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