Marziyeh Ghobadi – Experta en Derecho Internacional
A primera vista, el genocidio parece un término político o mediático, pero en realidad es uno de los conceptos más precisos y rigurosos del derecho internacional. Este término fue acuñado por primera vez en 1944 por Raphael Lemkin, un jurista polaco. En 1948, con la adopción de la «Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio», se convirtió en uno de los pilares principales del derecho penal internacional.
Esta convención define el genocidio como «la comisión de ciertos actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Para comprender esta definición con precisión, debemos prestar atención a tres categorías de elementos:
a) Elementos materiales (Actus Reus): La Convención introduce cinco actos específicos como actos genocidas:

1. Matar a miembros del grupo: La eliminación física y directa de individuos por su pertenencia al grupo objetivo.
2. Causar lesiones graves corporales o mentales: Tortura, violación o acciones psicológicas que quebrantan la salud física y mental de los miembros del grupo.
3. Someter intencionadamente al grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial: Como privar a una población de alimentos, medicinas, agua, refugio, o bombardear infraestructuras vitales de manera que haga imposible la supervivencia colectiva.
4. Aplicar medidas destinadas a impedir los nacimientos en el grupo: Restricciones severas a la reproducción, destrucción de centros de salud y maternidad, o incluso la separación forzosa de hombres y mujeres.

Trasladar por la fuerza niños del grupo a otro grupo: Secuestrar o reubicar por la fuerza a niños para borrar la identidad del grupo original.
b) Elemento mental/moral (Intención Especial): Lo que distingue al genocidio de otros crímenes de guerra y de lesa humanidad es la «intención especial» (dolus specialis). Esto significa que los perpetradores deben buscar consciente y deliberadamente destruir, total o parcialmente, a un grupo. La mera ocurrencia de matanzas generalizadas o destrucción y desplazamiento no es suficiente. Los tribunales han enfatizado consistentemente que debe demostrarse que el «propósito principal» es la destrucción de un grupo.
c) Elemento mental (Intención y Conocimiento): El elemento mental complementa la intención especial. Para que se consume el genocidio, es necesario que el criminal o perpetrador del genocidio sea consciente de las consecuencias de sus actos y que su intención esté precisamente dirigida a la destrucción del grupo. Por esta razón, en la práctica judicial, las declaraciones públicas de líderes políticos y militares, las órdenes emitidas o las consignas que incitan a la destrucción juegan un papel esencial para probar esta intención. En los casos de Ruanda y Bosnia, los tribunales se basaron repetidamente en dichas declaraciones y consignas para probar el elemento mental.
Experiencias de los Tribunales Internacionales
La experiencia práctica de los tribunales internacionales ha demostrado que estos conceptos no se han quedado solamente en el papel:
• En el caso Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), los jueces declararon que las matanzas generalizadas y las violaciones contra el grupo étnico tutsi se llevaron a cabo con la intención de destruirlos y constituían un claro ejemplo de genocidio. Esta fue la primera vez que un tribunal internacional reconoció la violencia sexual como una herramienta de genocidio.
• En el caso Srebrenica del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), la matanza de más de siete mil hombres musulmanes bosnios fue reconocida como genocidio. Un punto importante en este caso fue que el tribunal declaró que incluso si no se destruyó a toda la población bosnia, la destrucción de una parte específica y sustancial de un grupo también podía constituir genocidio. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) también, en el caso Bosnia vs. Serbia, confirmó que Serbia había violado su obligación de prevenir el genocidio.
Estos fallos demostraron que el derecho internacional puede, aunque tardíamente, reaccionar ante los grandes crímenes contra la humanidad.
Casos y Acusaciones de Genocidio del Régimen Israelí en Gaza
Hoy, el término «genocidio» ha vuelto a cobrar prominencia en el discurso jurídico y político; esta vez en relación con la guerra de Gaza. En enero de 2024, Sudáfrica presentó una demanda contra el régimen israelí ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte, en ese momento, ordenó que el régimen israelí debía tomar medidas inmediatas para prevenir actos de genocidio, garantizar el suministro de ayuda humanitaria y evitar la incitación pública a destruir a los palestinos. En diciembre de 2024, Amnistía Internacional declaró oficialmente que existían pruebas suficientes de la ocurrencia de crímenes genocidas contra los palestinos. Human Rights Watch, en un informe, consideró la privación deliberada de agua, electricidad y medicinas en Gaza como un caso de imposición de condiciones de destrucción. Un Relator Especial de la ONU dijo en marzo de 2024 que al menos tres de los cinco actos genocidas habían ocurrido en Gaza. Y finalmente, en septiembre de 2025, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU anunció oficialmente que el régimen israelí había cometido genocidio. La comisión aclaró que este régimen había llevado a cabo cuatro de los cinco actos previstos en la Convención y que las declaraciones de los funcionarios del régimen israelí indicaban la intención de destruir a un grupo nacional (palestinos). El régimen israelí ha negado rotundamente estas acusaciones, tildando los informes de «parciales y distorsionados». Sin embargo, el volumen acumulado de pruebas, desde los fallos de la Corte Internacional de Justicia hasta los informes de organismos de derechos humanos, muestra que se está construyendo un caso serio y de peso contra Tel Aviv.
La Comunidad Internacional Frente a una Gran Prueba
Cabe señalar que la acusación de genocidio es la acusación más grave en el derecho internacional. Las experiencias de Ruanda y Bosnia mostraron que la indiferencia de la comunidad internacional conlleva un alto costo humano. Hoy, la pregunta es: ¿El mundo ha aprendido de esas experiencias, o la política prevalecerá una vez más sobre la justicia?