Mohsen Baharvand, en una entrevista con el sitio web del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores, declaró: “Tras el ataque directo de EE.UU. contra las instalaciones nucleares declaradas de Irán, que se encontraban bajo la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia conformó un grupo de trabajo especializado, integrado por destacados expertos y juristas experimentados, con el objetivo de perseguir la agresión del régimen sionista y de EE.UU. en los foros internacionales, examinando exhaustivamente las dimensiones jurídicas de la agresión militar, la violación de la soberanía territorial de la República Islámica de Irán, las amenazas a la integridad territorial del país, así como el martirio de varios ciudadanos, el asesinato de científicos, defensores de la seguridad y altos mandos militares.”

Este grupo de trabajo tiene la responsabilidad, en colaboración con todos los organismos pertinentes, de investigar el ataque contra instalaciones nucleares de carácter pacífico y la violación del Estatuto del OIEA. Asimismo, debe documentar las acciones ilegales y contrarias a los derechos humanos, así como los casos de crímenes de guerra, entre ellos el martirio de mujeres y niños, la destrucción de zonas residenciales y los ataques a infraestructuras educativas, médicas, mediáticas y de servicios públicos. Para ello, se emplearán estadísticas y datos precisos, con el fin de evaluar los daños humanos, materiales y morales ocasionados.

Al mismo tiempo, a pesar de las gestiones legales emprendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las representaciones de Irán en foros internacionales durante la guerra de 12 días, así como de la formación del grupo de trabajo mencionado, muchos expertos y juristas consideran que no existe un proceso legal efectivo para perseguir la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán, o que, al menos, dicho proceso enfrenta obstáculos significativos y requiere tiempo. No obstante, algunos especialistas sostienen que es posible restablecer los derechos vulnerados a través de diversas vías.

Este experto senior en derecho internacional, en relación con el seguimiento legal de la agresión y el ataque de EE.UU. contra instalaciones nucleares, así como su apoyo al régimen sionista en la ofensiva contra Irán, enfatizó que “EE.UU. ha violado el derecho internacional con su ataque a las instalaciones nucleares de Irán”. Afirmó: “No cabe duda al respecto. Conforme al Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y otras disposiciones relevantes, la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales ha sido claramente transgredida en este ataque.”

También señaló que, además de las disposiciones generales del derecho internacional en los recientes acontecimientos entre Irán y EE.UU., la Declaración de Argel, como ley específica, también ha sido violada. Cabe destacar que los tribunales estadounidenses han reafirmado múltiples ocasiones la validez de la Declaración de Argel como un tratado vinculante entre ambos países. En consecuencia, EE.UU. también ha violado la ley específica que rige sus relaciones con Irán.

Baharvand subrayó: “En la Declaración de Argel, EE.UU. se comprometió a no tener derecho a interferir en los asuntos internos de Irán, ya sea mediante medidas políticas o militares.”

Este diplomático veterano planteó dos vías para perseguir legalmente el ataque militar de EE.UU. contra Irán, en particular contra sus instalaciones nucleares: primero, presentar una demanda en el Tribunal de Reclamaciones Irán-EE.UU., y segundo, presentar una demanda ante  los tribunales estadounidenses contra la administración Trump.

Enfatizó que los expertos jurídicos deben examinar cuidadosamente ambas opciones, especialmente en lo que respecta a la jurisdicción de los dos tribunales, y realizar evaluaciones de viabilidad especializadas.

Respecto a la efectividad de los mecanismos legales para restablecer los derechos de Irán, el exviceministro de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores declaró: “Los procedimientos legales pueden ser prolongados y no ofrecer resultados inmediatos; por ello, naturalmente, la prioridad debe ser la vía política y diplomática. No obstante, emprender una campaña legal en paralelo permite al menos a Irán cuantificar los daños sufridos, y registrarlos ante un tribunal, permitiéndole buscar compensaciones diplomáticamente basadas en la demanda legal e insistir en sus reclamos contra EE.UU.”